Un reciente fallo dictado por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay marcó un precedente relevante en materia de estafas bancarias digitales, al responsabilizar a una entidad bancaria por una maniobra sufrida por una empresa local a través de su sistema de homebanking.
La sentencia, emitida en primera instancia, hizo lugar parcialmente a la demanda iniciada por una pequeña empresa que denunció la sustracción de fondos de su cuenta corriente mediante transferencias no autorizadas realizadas de forma electrónica. El tribunal consideró probado que la firma fue víctima de un ataque informático y que la operatoria fraudulenta fue posible por deficiencias en los mecanismos de seguridad del banco.
Entre los puntos centrales del fallo, la Justicia Federal sostuvo que las entidades financieras tienen un deber reforzado de seguridad en las operaciones digitales, dada su posición profesional, técnica y económica frente a los usuarios. En ese marco, se concluyó que el banco no adoptó medidas suficientes para detectar movimientos inusuales, validar adecuadamente la identidad del usuario ni prevenir transferencias hacia cuentas no habituales, tal como lo exigen las normativas del Banco Central de la República Argentina.
Asimismo, el juzgado entendió que, aun tratándose de una persona jurídica, correspondía aplicar la normativa de defensa del consumidor, al existir una clara asimetría informativa y técnica entre la empresa damnificada y la entidad financiera. La sentencia también descartó que la conducta de la víctima —engañada mediante phishing— constituyera una eximente de responsabilidad para el banco.
Si bien el fallo ordena la restitución de las sumas sustraídas y el reconocimiento de determinados gastos derivados del hecho, rechazó el reclamo por daño punitivo al no haberse acreditado dolo o culpa grave por parte de la entidad demandada.
Cabe destacar que la resolución no se encuentra firme, ya que fue apelada y actualmente está siendo analizada por la Cámara Federal de Paraná, por lo que su confirmación o eventual modificación dependerá de lo que resuelva el tribunal de alzada.
El pronunciamiento adquiere especial relevancia a nivel local y regional, ya que se trata de uno de los primeros fallos federales que responsabiliza a un banco por una estafa informática sufrida por una empresa, en un contexto donde este tipo de delitos se ha incrementado de manera sostenida. El caso guarda similitudes con otras situaciones conocidas en la región, incluso vinculadas a fondos públicos, aunque en algunos de esos episodios aún no se ha avanzado judicialmente hasta esta instancia.
