Tras la condena firme, se concretó el decomiso de inmuebles y vehículos pertenecientes a Urribarri y Aguilera

En el marco de la ejecución de la condena al exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exfuncionario Pedro Báez, en la mañana de este lunes el fiscal de Estado Adjunto, Martín Rettore, recibió de manos del abogado Miguel Ángel Cullen, las llaves del galpón de calle Racedo donde funcionó la empresa Tep SRL. También se recibieron vehículos y dispositivos tecnológicos que quedan a disposición del Estado entrerriano.

Una camioneta Berlingo, un camión, computadoras y un plótter, fueron los bienes que se encontraron al abrir el galpón de calle Racedo 415 de Paraná y que recibió el fiscal de Estado Adjunto, Martín Rettore, en nombre del Estado entrerriano, publicó Análisis.

En declaraciones realizadas a Radio Plaza Paraná, antes del procedimiento Rettore había adelantado que “el decomiso establece la devolución en favor del Estado del inmueble de calle Racedo, tres vehículos y una serie de artefactos de computación y un plotter que eran los que utilizaban en la explotación de la imprenta. Tenemos entendido que todas esas cosas están dentro de los galpones y, probablemente, en el día de la fecha se haga la totalidad de la medida, evaluando si están los vehículos también”.

“Son dos inmuebles, uno pegado al otro, que funcionan como uno solo; una motocicleta y dos vehículos, los bienes de computación de la empresa y el plotter que es una impresora de grandes dimensiones que se utilizaba para el trabajo de la imprenta. Esa es la totalidad del decomiso ordenado por la sentencia penal”, afirmó.

Sobre el uso que se daría a los bienes, aclaró que “la actuación de Fiscalía de Estado se limita a hacer efectivo el decomiso y a ponerlo a disposición del Poder Ejecutivo que evaluará las situaciones. Entiendo que el plotter es de grandes dimensiones y no conozco la cuestión meramente técnica pero quizás el Boletín Oficial pueda ocuparlo o necesitarlo. Una vez que tomemos posesión de eso, lo evaluarán los organismos pertinentes para ver cuál es la mejor utilización que se le puede dar”.

“Nosotros tomamos posesión en nombre del gobierno de Entre Ríos, y específicamente se lo remitimos mediante un expediente administrativo al titular del Poder Ejecutivo, precisamente al gobernador de la provincia. Después, por las áreas que estimen competentes, se evaluarán las necesidades y el estado de las cosas que se encuentren para ver si son convenientes o no, si hay que hacer algún arreglo o no, y la finalidad que se le dará posteriormente”, sentenció.

Vale recordar que durante el juicio oral que se desarrolló entre 2021 y 2022, que ventiló cinco investigaciones acumuladas por corrupción y se conoció como “megajuicio”, se confirmó que la empresa de Aguilera fue montada al calor del poder político que amasaba su cuñado Urribarri. En efecto, Aguilera consiguió en ese momento un crédito del Banco de Entre Ríos, con tasas preferenciales, que le permitieron armar las instalaciones, acceder a la maquinaria y poner en funcionamiento la estructura.    

Por aquellos años, además de los buenos negocios que consiguió la imprenta con el gobierno de la provincia y empresarios afines a la gestión política de entonces, la firma se sirvió de la colaboración de agentes públicos que desarrollaban tareas para la empresa pero eran remunerados con sueldos del Estado. En ocasiones, las imprentas de Aguilera cobraron contratos con el Gobierno y no cumplieron con los servicios abonados.