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En los últimos trece meses ingresaron a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia tres proyectos de ley que buscan regular el uso de celulares en las aulas de las escuelas primarias y secundarias. Sin embargo, las iniciativas fueron giradas a sus respectivas comisiones y hasta el momento no han tenido ningún tipo de avance ni debate legislativo.
El primer proyecto ingresó a Diputados el 22 de septiembre de 2025, de la mano del diputado Carlos Damasco (LLA). La propuesta establece la prohibición del uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos dentro de las aulas en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria, tanto en escuelas públicas como privadas. El objetivo principal de la medida es «garantizar un entorno adecuado para el aprendizaje y la enseñanza» y contrarrestar la distracción constante que atenta contra los objetivos pedagógicos en el aula.
La segunda iniciativa llegó al Senado el 29 de abril de este año, impulsada por Alberto Otaegui (JxER). El texto plantea habilitar el uso de pantallas únicamente para “casos excepcionales”. Además de considerar el impacto negativo en la concentración, la fundamentación suma como factor de riesgo los peligrosos retos virales que circulan en redes y ponen en peligro la integridad física de los alumnos y la comunidad educativa.
Por último, el 2 de junio ingresó a Diputados el tercer proyecto, presentado por Marcelo López (JxER). Sus objetivos centrales son “preservar el clima de atención sostenida necesario para el desarrollo neurocognitivo y el aprendizaje profundo”, promover la socialización física y prevenir patologías asociadas a la hiperconectividad. Para ello, fija la prohibición absoluta del uso o portación activa de celulares durante toda la jornada, incluyendo los recreos y las actividades extracurriculares.
A pesar de provenir de distintas bancadas políticas, las tres iniciativas comparten un diagnóstico común: identifican al teléfono celular y a los dispositivos con conectividad como el principal factor de distracción que interrumpe el normal desarrollo de las clases y obstaculiza el aprendizaje pedagógico.
En este sentido, coinciden en la urgente necesidad de normar y restringir de manera directa la presencia activa de estas tecnologías en las instituciones educativas de niveles obligatorios de Entre Ríos, fijando límites precisos para resguardar la concentración de los estudiantes y fomentar entornos escolares propicios para la enseñanza.
Mientras las iniciativas locales permanecen sin debate, otras jurisdicciones del país ya cuentan con regulación vigente.
En Santa Fe, la respuesta fue avanzar con una normativa que prohíbe los dispositivos en los niveles inicial y primario, mientras que en la secundaria restringe su empleo a situaciones pedagógicas y bajo supervisión docente. Además, cada escuela cuenta con autonomía para definir el mecanismo de guardado (por ejemplo, mantener los teléfonos dentro de las mochilas) según su infraestructura y acuerdos de convivencia.
Por su parte, la Legislatura bonaerense aprobó una ley que establece límites claros en las escuelas secundarias estatales y privadas. La norma contempla celulares, tabletas y otras pantallas, disponiendo que los estudiantes deben mantenerlos guardados durante las clases y solo utilizarlos cuando el profesor a cargo autorice expresamente su uso con fines educativos.
APFDigital
