Un policía de Colón va al banquillo de acusados por una mujer herida durante un reclamo popular

El 18 de marzo de 2025, en calle Río Iguazú de la ciudad de Colón, entre Leguizamón y Montenegro, un grupo de vecinos, entre quienes estaban una hija y una nieta de Nilda Mabel Viollaz, reclamaban justicia por la muerte de Agustina Valdez, una joven que habría sido abusada y se quitó la vida.

La protesta se concentró frente a la casa del presunto abusador sexual de Agustina, donde se vivieron momentos de máxima tensión. Según contó el Comisario Héctor Martínez, subjefe de Policía de Colón, “los vecinos lo vieron (al presunto abusador) y se ofuscaron, arrojando piedras a la casa y el auto. Hubo una avalancha encabezada por menores y mujeres, a la que luego se sumaron hombres. Cuando peligraba la integridad física de la persona que se debía extraer y de los uniformados que recibían piedrazos, el grupo efectuó detonaciones con armas de fuego, cartuchería antitumultos con munición de goma y unos gases lacrimógenos para que se dispersaran”. “Se hizo lo que se debía para preservarse. La idea no era lastimar a nadie”, respondió, ante la pregunta de si consideraba que fue bueno el accionar de los efectivos.

Lo concreto es que en medio de los disturbios, Nilda Viollaz -según contó- se acercó a buscar a su hija y su nieta, y en tal situación recibió un balazo de goma en una de sus piernas. La investigación del hecho quedó en manos de la Justicia, con la intervención del Fiscal Perroud, consignó El Entre Ríos.

El abogado Martin Jáuregui, querellante particular en la causa que investiga la agresión sufrida por la mujer, informó en las últimas horas que “luego de testimonios y demás elementos de pruebas colectados hasta el momento, el Fiscal amplió la apertura de causa precisando los hechos denunciados y encuadró provisoriamente a la misma en los delitos de lesiones graves calificadas, por ser cometidas por un miembro de las fuerzas de seguridad en concurso ideal con abuso de autoridad y se atribuye en calidad de autor material al policía, quien deberá ser indagado como imputado los primeros días de mayo”.

Consultado por el estado de salud de su representada, Jáuregui dijo que deberá ser intervenida quirúrgicamente nuevamente “sin que exista posibilidad de recuperar la movilidad de esa rodilla, es decir el daño es irreversible y permanente y aún no se encuentra consolidado, lo que tiene a la mujer postrada y sumida en una profunda depresión”, enfatizó el letrado.

Por último, exhortó al Ministro de Seguridad a que “tome medidas internas con ese funcionario que incluso cuenta en su haber con otras investigaciones por hechos anteriores que pronto serán elevadas a juicio, así como lo han hecho recientemente en otros casos mucho menos graves que este, pasando a disponibilidad a efectivos , dado que su permanencia en la fuerza manejando armas y poder de policía lo convierten en un verdadero peligro para la población civil, y a quienes lo protejan o mantengan en responsables de lo que pudiera pasar”, concluyó.