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Estación Plus Crespo
El gobierno de Entre Ríos decidió tomar medidas ante la ola de amenazas y mensajes intimidatorios en establecimientos educativos. En una reunión de la que participaron el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca; el jefe de Policía de la Provincia, Claudio González; el Secretario de Justicia, Julián Maneiro, y el Juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, entre otros presentes, definieron las acciones legales y económicas que se ejecutarán contra los responsables.
A diferencia de los procesos penales que pueden verse limitados por la edad de los menores, el estado provincial determinó la viabilidad de promover el recupero de los gastos ocasionados por los operativos de seguridad.
"Cada vez que se activa un protocolo por amenaza de bomba o tiroteo, se movilizan recursos humanos, logísticos y tecnológicos que tienen un costo altísimo para los contribuyentes. Ese despliegue, provocado por una conducta irresponsable, configura un daño patrimonial que el estado no tiene por qué absorber", señalaron las autoridades en el encuentro.
De acuerdo a lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación (Arts. 1753 y 1755), la responsabilidad civil recae directamente sobre los progenitores o responsables. En este sentido, la provincia iniciará las acciones legales para que los padres o tutores de los alumnos ya identificados en las causas judiciales afronten el pago de los costos operativos.
Gracias al trabajo de inteligencia tecnológica de la policía, ya se han individualizado a la mayoría de los autores de diversas amenazas en distintas localidades.
Durante el encuentro, las autoridades de seguridad estimaron que los costos de la suma de los operativos ante mensajes amenazantes ascendieron a una cifra que supera los 250 millones de pesos. Este cálculo incluye el despliegue de móviles, personal especializado, brigadas de explosivos, logística y horas hombre que se detraen de la prevención del delito común.
Desde la mesa de seguimiento, de la cual también es parte el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), se instó a las familias a tomar un rol activo en la supervisión del uso de dispositivos digitales de sus hijos. "No estamos ante una broma estudiantil, sino ante un delito penal que genera alarma pública y un gasto innecesario de recursos que deberían estar destinados a la prevención del delito real", concluyeron.
