Avanza a paso lento la causa que investiga supuesto cobro de impuestos por parte de ATER sin la Ley correspondiente

El 13 de febrero de 2025, el abogado Emmanuel Berta Schroder, presentó en Fiscalía una denuncia contra el director ejecutivo y el adjunto de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), contadores, Jesús Rafael Korell y Rafael Cardoso, respectivamente. Cinco días después, el fiscal Gonzalo Badano, abrió la causa y dispuso “promover la presente Investigación Penal Preparatoria (IPP) –artículo 212 ley 9.754, modificatoria ley 10.317” para determinar las posibles responsabilidades de los funcionarios, a los que se les imputó que desde la ATER habrían recaudado “sin tener previsión normativa que lo sustente”, entre un 20% y un 30% adicional por los impuestos inmobiliario urbano, subrural y rural y automotor…”.

Cardoso, alias Rafa, de 58 años, es asistido por el abogado Emiliano Gietz; en tanto que Korell designó a Leonardo Kunzi. Ambos comenzaron a ser investigados por el presunto delito de Abuso de autoridad, a partir de la denuncia que formuló Berta Schroder el 13 de febrero. El 18 de febrero Badano dispuso la apertura de causa que comenzó a sustanciarse bajo la carátula "NN s/ tipo procedimiento no definido” y citó a prestar declaración indagatoria a los dos sospechosos y solicitó a la ATER que informe “si se liquidó y cobró durante el periodo fiscal 2024 los adicionales dispuestos por los Artículos 139, 140 y 269 del Código Fiscal de Entre Ríos”; y en su caso, que “haga saber los montos y si los adicionales se encontraban vigentes”. Asimismo se interesó que se “informe y remita en caso de existir, expedientes o constancias mediante los cuales se dispuso el cobro de los adicionales en 2024, y si se gestionó algún tipo de prórroga”.

Un mes después, el 18 de marzo, el fiscal reiteró el pedido de información a la ATER: “Atento a lo solicitado por el actor civil y medidas que fueran oportunamente ordenadas, a las que no se han dado cumplimiento en forma total”, Badano dispuso “solicitar a la ATER que entregue la totalidad de la información requerida el 18 de febrero de 2025”. Además, requirió “a la Fiscalía de Estado que informe si ha tomado alguna intervención en relación con el hecho investigado y, en caso afirmativo, que comunique si emitió algún dictamen al respecto” y ordenó que se notifique a la defensa de los acusados.

El caso

 
Fiscalía investigará si Korell y Cardoso "durante el período comprendido entre 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024 la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) habría recaudado, sin tener previsión normativa que lo sustente, un adicional de entre un 20% a un 30% sobre el impuesto inmobiliario urbano, subrural y rural, y el impuesto automotor, conforme las disposiciones que fueran de carácter transitorio en oportunidad de sancionarse la Ley 10.270 modificatoria del Código Fiscal de la Provincia de Entre Ríos; posteriormente prorrogada sistemáticamente hasta el año 2023".

Berta Schroder sostuvo en su denuncia que “la ley 10.270 de diciembre de 2013 modificó el Código Fiscal de la Provincia de Entre Ríos estableciendo un adicional de un 20% a un 30% sobre el impuesto inmobiliario o automotor. En las boletas del impuesto esto se identifica en un ítem como 'Fondo de Seguridad Social Ley 10.270/Ley 10.403'”.

El denunciante añadió que “el artículo 24 de dicha ley (10.270) le dio vigencia a este adicional hasta el 31 de diciembre de 2015, la cual se fue prorrogando año a año en cada ley de presupuesto. Posteriormente, el artículo 26 de la ley 10.754, incluido en el Presupuesto 2020 del 27 de noviembre de 2019, se prorrogó el adicional hasta el 31 de diciembre de 2023, mediante la ampliación de la vigencia de los Artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 8° y 9° de la Ley N° 10.270”.

Entendió que “por ende, a partir del 1 de enero del 2024, la provincia de Entre Ríos a través de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) siguió recaudando sin la autorización legal”. Berta Schroder, se constituyó en actor civil el 28 de febrero de 2025. Fue a partir de la resolución de la jueza de Garantías Nº1 de Paraná, Marina Barbagelata, que tuvo “por presentado al Doctor Emanuel Rubén Fernando Berta Schroder, Matricula N° 9504, por derecho propio, con domicilio real denunciado y legal constituido, dándosele la intervención como actor civil que por derecho correspondiere -artículos 82, sucesivos y concordantes del Código Procesal Penal (CPP)”.

La investigación busca determinar si, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, la ATER recaudó un adicional del 20% al 30% sobre el impuesto inmobiliario urbano, subrural y rural, así como sobre el impuesto automotor, sin contar con una base normativa que lo justificara. Dicho adicional se habría aplicado conforme a disposiciones transitorias establecidas en la Ley 10.270, que modificó el Código Fiscal de Entre Ríos y fue prorrogada hasta 2023. Desde el 18 de febrero, cuando Fiscalía dispuso abrir la IPP y solicitó información que debió reclamar un mes después, el legajo no ha exhibido movimientos.

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