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Bajo la premisa de que “la docencia entrerriana no puede esperar más”, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) anunció un paro provincial de 48 horas para el jueves y el viernes de esta semana. La medida, impulsada por la conducción del gremio, exige al Ejecutivo Provincial una mesa de discusión real y la inmediata reapertura de la paritaria salarial ante la profunda crisis económica que atraviesa el sector.
Cabe destacar que para el viernes a las 17:30 Agmer convocó a una marcha provincial con antorchas desde la Plaza 1º de Mayo hasta la Casa de Gobierno.
En el documento emitido por la Comisión Directiva Central, el sindicato denunció un deterioro sistemático de los sueldos en relación con el costo de vida. Según los registros de la entidad gremial, la pérdida del poder adquisitivo asciende al 16,1% solo si se evalúa el período comprendido entre diciembre de 2025 y julio de 2026.
“En lo que va del año los aumentos otorgados apenas alcanzaron el 6,6%, mientras que la inflación trepó al 22,7%”, detallaron, remarcando que en julio el incremento fue del 3% y que no hay pauta alguna asignada para las liquidaciones de agosto.
El comunicado dirige duras críticas al gobernador Rogelio Frigerio, a quien le reclaman haber incumplido los compromisos asumidos en campaña a casi tres años de haber tomado el mandato. Desde la conducción sindical recriminaron que la gestión provincial opte por «confrontar, estigmatizar a la docencia y gastar fortunas en operaciones mediáticas» en lugar de resolver la crítica situación de las escuelas, la salud pública, el sistema previsional y los comedores escolares.
Asimismo, la dirigencia sindical exigió un proceso urgente de blanqueo de sumas no remunerativas. Advirtieron que los abonos “en negro” destruyen la sostenibilidad de la Obra Social (OSER) y de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, afectando directamente a los docentes jubilados.
Por último, el paro de 48 horas de los docentes provinciales se hermanará de forma directa con la jornada de protesta que llevan adelante las comunidades universitarias de todo el país. La acción conjunta busca visibilizar los más de 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno Nacional, situación que persiste a pesar de los fallos de la Corte Suprema y que mantiene en jaque los salarios, el funcionamiento institucional y el sistema de becas estudiantiles.
