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Según el informe de Fiscalía, en 2024 se resolvieron 85 cesantías y dos exoneraciones, mientras que en lo que va de 2025 ya se dictaron 89 cesantías y una exoneración. En promedio, alrededor del 80 por ciento de los sumarios finalizados en este período culminaron en la aplicación de la sanción de cesantía, la medida prevista por la ley para los casos de faltas graves.
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, subrayó que esto es resultado de la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de regularizar y ordenar la aplicación de la Ley N° 9755 y los distintos estatutos que rigen la función pública provincial. "Desde el inicio de la gestión, el Poder Ejecutivo asumió el compromiso de hacer cumplir las leyes que regulan el desempeño de los agentes públicos, respetando los derechos de defensa y garantizando el debido proceso en cada caso", explicó el funcionario.
En este sentido, Rodríguez Signes remarcó que durante años el ejercicio del poder disciplinario en la administración pública fue claramente irregular. "Los sumarios se hacían, pero sucedían dos cosas: o bien los gobiernos que sucedían al que había iniciado el proceso sumarial invalidaban esos sumarios mediante indultos; o directamente no se concluía el procedimiento, quedando los expedientes archivados, sin dictar los decretos de cesantía o exoneración. Así se desnaturalizaba el ejercicio del poder disciplinario de la administración", dijo.
Y agregó: "Así es como encontramos situaciones ridículas, con personas que acumularon más de 100 o 200 inasistencias injustificadas. La gran mayoría de las cesantías actuales responden justamente a faltas injustificadas".
Cabe aclarar que los sumarios que lleva adelante la Dirección de Sumarios no comprenden al personal docente ni policial, cuya tramitación corresponde a otros ámbitos administrativos.
El fiscal de Estado precisó además que, actualmente, el total de sumarios en trámite ronda los 215 expedientes. "Puede haberse incorporado algún caso más, pero seguimos trabajando sobre un universo de alrededor de 215 expedientes activos", explicó.
Este proceso de depuración y control apunta a fortalecer la transparencia, garantizar el correcto funcionamiento de la administración pública y proteger los intereses del Estado provincial, resguardando los recursos que pertenecen a todos los entrerrianos.
