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El Arzobispado de Paraná difundió este martes un comunicado en relación a la investigación judicial que enfrenta Víctor Adrián Godoy, exapoderado y representante legal de varias escuelas que dependen de la institución eclesiástica. El exfuncionario es investigado por una presunta defraudación a la administración pública estimada en 96 millones de pesos.
La causa se inició a partir de una denuncia del Consejo General de Educación (CGE), que detectó presuntas adulteraciones en las rendiciones de fondos. En el marco del proceso, la jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, ordenó este lunes el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Godoy.
“El Arzobispado de Paraná se puso desde el inicio a disposición para colaborar con la Justicia. En su momento se constituyó también como querellante”, se expresó desde la Iglesia. Cabe recordar que quien lleva adelante el legajo de investigación es el fiscal Gonzalo Badano, en tanto que el abogado Leopoldo Lambruschini representa al Arzobispado en calidad de querellante.
Asimismo, la institución aseguró: “Confiamos en el trabajo de quienes están a cargo de este proceso judicial. Como Iglesia, reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la justicia, en fidelidad a la misión pastoral y educativa que nos ha sido confiada”.
La causa continúa en trámite judicial mientras se analizan las pruebas vinculadas a la presunta maniobra fraudulenta.
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Según la imputación, Godoy se aprovechó del cargo que ocupaba y, entre el año 2019 y agosto 2024, “sustrajo fondos públicos acreditados por el Consejo General de Educación de la provincia en las cuentas bancarias de las instituciones mencionadas que tenían por destino el pago de sueldos y cargas sociales del personal”.
El investigado se desempeñaba como empleado del Arzobispado de Paraná con funciones de administrador y apoderado legal de las escuelas Nuestra Señora de la Esperanza, Santa Lucía, ambas de Paraná; y el Instituto Fernando Torres Vilches y Nuestra Señora de Fátima, de Santa Elena.
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