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La justicia entrerriana extendió hasta el 6 de noviembre las restricciones impuestas a funcionarios y autoridades policiales, para evitar posibles represalias contra los denunciantes y testigos de la causa que investiga la presunta sustracción de millonarias sumas de fondos públicos, destinados al pago de servicios adicionales dentro de la Policía de Entre Ríos -que no eran realizados por quienes figuraban como sus destinatarios-. La resolución mantiene la prohibición de acercamiento y actos de hostigamiento y establece límites específicos sobre traslados, cambios de turno, pérdida de adicionales y sanciones disciplinarias.
El fiscal auxiliar de la Unidad de Investigación y Litigación, Juan Francisco Ramírez Montrull, resolvió prorrogar por otros 90 días las medidas de protección dispuestas para los policías que denunciaron el presunto sistema de “adicionales truchos” dentro de la Policía de Entre Ríos. La decisión fue adoptada este jueves 6 de agosto y extiende las medidas hasta el próximo 6 de noviembre.
La resolución mantiene en los mismos términos, las medidas que habían sido dictadas el 8 de mayo y que alcanzan a seis funcionarios de la División 911 y el Jefe de Policía de Entre Ríos.
En el caso de los oficiales jefes, el fiscal dispuso que deberán abstenerse de acercarse o realizar actos molestos, violentos o perturbadores, directamente o por interpósita persona y por cualquier medio, respecto de los denunciantes y testigos protegidos.
Un apartado particular de la resolución, está dirigido al Jefe de la Policía de Entre Ríos. El fiscal estableció que deberá abstenerse de ordenar, promover o ejecutar actos administrativos que impliquen modificaciones en las condiciones de revista, traslados de destino, cambios de turno, pérdida de adicionales o medidas disciplinarias respecto de denunciantes y testigos protegidos cuando no cuenten con “sustento técnico y legal suficiente”.
Además, deberá garantizar que los policías involucrados y sus familias no sufran hostigamiento, vigilancia o intromisiones en el ámbito laboral o personal.
La resolución -consignó Diario Junio- advierte expresamente a todos los altos funcionarios destinatarios, que el incumplimiento de las medidas podría configurar el delito de desobediencia judicial, previsto en el artículo 239 del Código Penal.
La decisión judicial se inscribe en el marco de la investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por policías en actividad, que solicitaron mantener en reserva sus identidades por temor a represalias dentro de la propia fuerza.
La denuncia, patrocinada por los abogados Rubén Alberto Pagliotto y José Antón Pastori, sostiene que dentro de la Policía de Entre Ríos habría funcionado un mecanismo sistemático para desviar fondos correspondientes a servicios adicionales. Los denunciantes describieron una estructura en la que determinados efectivos figuraban como responsables de servicios que, según la presentación, eran realizados por otras personas, mientras los fondos podían terminar circulando por cuentas particulares.
De acuerdo con la reconstrucción expuesta en la denuncia, la operatoria habría involucrado servicios contratados por privados, utilización de personal y recursos policiales y registros de prestaciones que no necesariamente coincidían con quienes efectivamente realizaban las tareas. La presentación estimó preliminarmente que el circuito podría haber movilizado alrededor de $90 millones mensuales, con un monto acumulado de hasta $7.200 millones en dos años. Se trata de cifras y hechos que forman parte de la denuncia y que deberán ser investigados y acreditados en el expediente.
En abril, cuando se conoció la denuncia, los policías habían solicitado precisamente que no se produjeran traslados, cambios de destino o turno ni sanciones disciplinarias que pudieran ser utilizadas como mecanismos de presión. También habían reclamado que se evitara cualquier forma de hostigamiento o vigilancia sobre ellos y sus familias.
Tras conocerse la prórroga, uno de los abogados patrocinantes valoró la decisión del fiscal y sostuvo que la continuidad de las medidas resulta especialmente relevante por las características de la estructura policial.
“El fiscal Ramírez Montrull, criteriosa y oportunamente, renovó por 90 días más las medidas restrictivas a favor de los y las policías que denunciaron el affaire de los servicios adicionales”, afirmó Pagliotto.
Para el abogado, la decisión resulta necesaria porque, al tratarse de una fuerza “jerárquica y verticalista”, los denunciantes de sus superiores podrían quedar expuestos a eventuales represalias.
Según expresó, los policías denunciaron la presunta “sustracción de millonarias sumas de fondos públicos” que eran pagadas por servicios adicionales que, de acuerdo con la acusación, no eran realizados por quienes figuraban formalmente como prestadores. El letrado sostuvo además que algunas personas habrían puesto sus cuentas sueldo a disposición del mecanismo y que, en determinados casos, podrían haberlo hecho engañadas por sus superiores.
El abogado calificó el caso como “de enorme gravedad institucional” y sostuvo que la particularidad de la investigación radica en que las personas señaladas formarían parte de la propia estructura estatal encargada de prevenir y perseguir delitos, repasó el medio en su informe.
Finalmente, cuestionó el desempeño del actual ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, al afirmar que habría asumido su cargo con conocimiento del mecanismo denunciado y que, según su interpretación, no habría actuado durante sus dos años y medio de gestión.
